viernes, 18 de octubre de 2013

De la integración social al paro


Mujer, discapacitada, con más de 40 años y cargas familiares. “Ahora parada con un futuro complicado, las puertas están cerradas para la gente como nosotras”. Es el perfil de la gran mayoría de las 27 despedidas en los últimos meses por la Rede Galega de Kioscos, perteneciente al grupo Galega de Economía Social, que dirige la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro según sus estatutos. Supone un 10% de su plantilla encargada de atender 41 quioscos en Galicia.
Unos despidos de contratados fijos y con años de experiencia —salvo en dos casos, que eran eventuales— que conllevó al cierre de tres de los cinco quioscos que tiene en Santiago. En otros, como en los cinco situados en lugares emblemáticos del paseo marítimo de A Coruña, se redujeron en algunos casos los horarios de apertura. Pero se cubrieron de inmediato con contrataciones temporales las bajas forzosas de trabajadoras fijas que, sin previo aviso, recibieron en julio cartas de despido por motivos supuestamente disciplinarios. En la mayoría de los casos, nunca se llegaron a probar. La empresa, ante el Servicio Público de Arbitraje y para evitar un juicio, acabó por reconocer como improcedentes muchos de esos despidos y aceptó indemnizarlos. Los ocho quiosqueros despedidos fulminantemente también en verano en A Estrada (Pontevedra) fueron igualmente remplazados al día siguiente.
Cunde la sospecha de que se trata de “una estratagema de la empresa”, como denuncia Esquerda Unida en A Coruña, “para disponer de trabajadores gratuitos” gracias a las diversas subvenciones públicas que cobra durante el primer año de contratación por tratarse de mujeres, mayores de 45 años y personas discapacitadas. Unas ayudas de la Administración que, insiste EU, cubren prácticamente el salario mínimo interprofesional que cobran los empleados de la Rede Galega de Kioscos. Comisiones Obreras de A Estrada también habla de “engaño” para despedir y contratar a discapacitados sin desembolsar un céntimo.


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